El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se convierte en un recordatorio poderoso de las luchas que enfrentan las mujeres en todo el mundo. Sin embargo, para las mujeres con discapacidad, esta fecha adquiere una dimensión aún más compleja y urgente. Todos los días son 8M para ellas, pues la intersección de género y discapacidad revela un panorama de desigualdades que se perpetúan en múltiples niveles.
El capacitismo, esa forma insidiosa de discriminación que desvaloriza a las personas con discapacidad, se manifiesta de manera particularmente aguda en el ámbito de los cuidados. En muchas sociedades, el trabajo de cuidado, que a menudo recae sobre las mujeres, se encuentra desprovisto de reconocimiento y apoyo. Las mujeres con discapacidad, que requieren asistencia para llevar a cabo actividades cotidianas, se ven atrapadas en un ciclo de dependencia que no solo limita su autonomía, sino que también las expone a situaciones de vulnerabilidad. El sistema de cuidados, en lugar de ser un espacio de empoderamiento, se convierte en una trampa que perpetúa la desigualdad.
Los recortes en los servicios de dependencia son otra manifestación del capacitismo que afecta a las personas con discapacidad. En un contexto donde el bienestar social debería ser una prioridad, las políticas de austeridad han llevado a la reducción de recursos destinados a la atención y el apoyo. Esto no solo impacta la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino que también limita su capacidad para participar plenamente en la sociedad. La falta de acceso a servicios adecuados se traduce en un aislamiento que refuerza la idea de que su contribución no es valiosa, perpetuando así un ciclo de exclusión.
El acceso al trabajo es otro aspecto crítico en esta lucha. Las mujeres con discapacidad enfrentan barreras significativas para ingresar al mercado laboral, desde la falta de adaptaciones razonables hasta la persistente estigmatización. La escasez de espacios inclusivos en el ámbito laboral no solo limita sus oportunidades de empleo, sino que también priva a la sociedad de la riqueza que aporta la diversidad. La inclusión no es solo un acto de justicia social; es un imperativo que enriquece a las comunidades y fortalece la economía.
La falta de espacios inclusivos se extiende más allá del ámbito laboral. En la vida cotidiana, las mujeres con discapacidad a menudo se encuentran con entornos que no están diseñados para acoger sus necesidades. Desde la infraestructura urbana hasta los espacios culturales y recreativos, la exclusión se manifiesta en cada rincón. Esta falta de accesibilidad no solo limita su participación social, sino que también silencia sus voces y experiencias, perpetuando la invisibilidad de sus luchas.
En este contexto, es fundamental reconocer que todos los días son 8M para las mujeres con discapacidad. La lucha por la igualdad de género y la inclusión de las personas con discapacidad no puede limitarse a un solo día del año. Debemos abogar por un cambio estructural que desafíe el capacitismo en todas sus formas, que garantice el acceso a servicios de dependencia adecuados, que promueva la inclusión en el mercado laboral y que construya espacios accesibles y acogedores para todos.
La interseccionalidad es clave en esta lucha. Las mujeres con discapacidad no son solo un grupo más en la lucha por la igualdad; son portadoras de experiencias únicas que enriquecen el tejido social. Escuchar sus voces, reconocer sus luchas y trabajar en conjunto para derribar las barreras que enfrentan es un deber colectivo. Solo así podremos construir una sociedad verdaderamente inclusiva, donde cada persona, sin importar su género o capacidad, tenga la oportunidad de brillar y contribuir al bienestar común
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